EL PERFUME DE LA CORRUPCION

Una de las heridas más lacerantes de la Concertación en los últimos años ha sido la constante sospecha ciudadana de que en los gobiernos de esa coalición se han desviado fondos para beneficiar a militantes y partidarios, situados en las mismas estructuras estatales o que actúan al alero de ellas, a través de prestaciones de servicios, asesorías, postulaciones, contratos y prebendas diversas.

Cada vez que logra silenciarse el escandalillo de turno, resurge otro, tanto o más impresentable que el anterior. En esta ocasión apareció una lista de pago de honorarios efectuados por la Dirección General de Gendarmería a connotados miembros de la elite oficialista entre 1990 y 2006. Entre los favorecidos destacan los actuales ministros de Justicia, Carlos Maldonado (PRSD), y del Trabajo, Osvaldo Andrade (PS); el senador radical y ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez; los actuales embajadores en España, Osvaldo Puccio (PS), y en Alemania, Marigen Hornkohl (DC); y los ex subsecretarios de Chiledeportes, Loreto Ditzel (DC); del Interior, Jorge Correa Sutil (PDC); y de Justicia, Jaime Arellano Quintana (DC).

Carlos Maldonado recibió de Gendarmería más de 15 millones de pesos entre 1998 y 2000, como jefe de gabinete del entonces subsecretario de Justicia, José Antonio Gómez. Este último, a su vez, percibió más de 7 y medio millones de pesos, entre 1995 y 1996, mientras era jefe de gabinete de la subsecretaría de Justicia y asesor de la ministra del ramo, la actual senadora y presidenta del PDC, Soledad Alvear. La actual embajadora en Alemania y ex ministra de Educación, Marigen Hornkohl, en tanto, recibió más de 40 millones de pesos entre 1994 y 2000, cuando fue jefa de gabinete de Soledad Alvear en Justicia.

DANZA DE MILLONES

El actual ministro del Trabajo y Previsión Social, Osvaldo Andrade (PS), figura en la nómina percibiendo casi 25 millones de pesos entre los años 1996 y 2005. El ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil (DC), asimismo, prestó servicios a Gendarmería en 1994, por poco más de 1 millón de pesos. También está en la lista el ex subsecretario de Justicia, Jaime Arellano Quintana (DC,) con casi 9 millones de pesos, en el período que trabajaba como asesor de Soledad Alvear y jefe de gabinete del ex diputado Gutenberg Martínez, ex presidente de la Cámara Diputados y marido de Alvear.

Otra figura cercana al alvearismo involucrada es la ex directora -por casi dos días- de Chiledeportes, Loreto Ditzel. La sicóloga, propuesta por la presidenta de la DC para la entidad deportiva, figura recibiendo un monto superior a los 6 millones de pesos, entre los años 2000 y 2001. Ditzel fue jefa de gabinete de la ministra de Mideplan el 2000, ha realizado gran parte de su carrera en el Servicio Nacional de Menores (Sename), donde fue subdirectora y jefa del Departamento de Protección de Derechos, desde el 2001 hasta el año pasado.

El ex ministro secretario general de Gobierno y actual embajador en España, Osvaldo Puccio (PS), aparece recibiendo pagos por más de 23 millones de pesos entre los años 2000 y 2003. Hasta mediados del 2000, Puccio se desempeñó como embajador en Austria; de regreso al país, ejerció funciones como asesor del director de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) de la Cancillería. Al año siguiente fue designado subdirector del organismo, encabezado en aquel instante por el profesor de Filosofía Marcelo Rozas, ex director-propietario de la revista Hoy, estrecho amigo de los Martínez-Alvear y en la actualidad embajador de Chile en la República Checa.

Casi todos los personeros de la DC que aparecen involucrados en estos pagos suplementarios hechos por el servicio de Gendarmería, pertenecen al núcleo más duro de la corriente que encabeza el matrimonio de Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, golpeado además por las irregularidades detectadas en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), cuyo cuestionado ex presidente Luis Ajenjo Isazi, también es muy cercano a ellos.

LOS TRENES DE AJENJO Y LOS VINCULOS DEL GUTE

Una comisión parlamentaria investiga las irregularidades detectadas por la Contraloría en 35 contratos de EFE, cuyo monto ascendería a 128 millones de dólares. Al mismo tiempo se cuestiona que Ajenjo haya comprado cuatro trenes a la empresa española Renfe y no a una compañía china que cobraba mucho menos.

Luis Ajenjo se abrió camino en el mundo político a través de la presidencia del directorio de Radio Cooperativa, luego de trabajar con Genaro Arriagada entre 1976 y 1978 en la Editorial Aconcagua. En la radio conoció a otras figuras de la DC que participaban en la sociedad, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Enrique Krauss, Jaime Ravinet y Carlos Figueroa. Más tarde dirigió el fallido proyecto del canal televisivo Rock and Pop, que murió tras cuatro años en el aire.

Ajenjo estudió en el colegio Mackay de Viña de Mar y más tarde en el Liceo J.V. Lastarria en Santiago. En 1972 ingresó a la Universidad de Chile a estudiar ingeniería comercial, pero sólo llegó hasta tercer año. Allí conoció a Victoria Martínez, hermana de Gutenberg, con quien se casó en 1978. Ella ocupa desde 1990 cargos gerenciales en el BancoEstado, donde hoy dirige el área de Sucursales y Banca.

A fines de los años 70, Ajenjo fue vicepresidente de la JDC, forjando férrea amistad con entonces presidente de esa rama del partido, el actual senador Jorge Pizarro, otro militante cercano al “gutismo”.

Ajenjo mantiene también vínculos comerciales con Gutenberg Martínez. Son socios desde 1994 en la Sociedad Inmobiliaria Lonquén, donde participan los diputados Gonzalo Duarte y Juan Carlos Latorre, el senador Jorge Pizarro y el ex ministro de Economía, José de Gregorio.

Ajenjo participó además en la plana ejecutiva del desaparecido Diario Siete y ha colaborado con Martínez como director del Centro de Estudios y Gestión para el Desarrollo (Cegades), un vivero ideológico del “gutismo”, donde han destacado Gonzalo Duarte, Pedro Vallejos, Daniela Moreno y Francisco Jara, entre otros. Este centro desarrolla diversos programas con ministerios y entidades estatales.

Desde el Cegades se han tejido vínculos con la mayoría de los centros productores de ideas del PDC, así como con partidos y fundaciones que les son cercanas en el exterior, como la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) de la que Martínez fue presidente, y la fundación alemana Konrad Adenauer.

Otro punto de apoyo de Martínez es la Universidad Miguel de Cervantes, cuyo directorio preside y que integran Víctor Aguilera, Héctor Altamirano, Mercedes Aubá, Jorge Awad, Ernesto Corona, Edmundo Hermosilla, Hugo Lavados, Angel Maulén, José Musalem, Walter Oliva, Luis Ortiz Quiroga, Oscar Pizarro, Francisco Salazar, Juan J. Santa Cruz y Gonzalo Torres. El actual rector es el ex ministro de Justicia de Patricio Aylwin, Francisco Cumplido Cereceda.

En abril de 2005, Gutenberg Martínez fue cuestionado porque la Sociedad Defensa Jurídica S.A., una de cuyas propietarias es la Universidad Miguel de Cervantes, se adjudicó cerca del 40% de las causas que licitó la Defensoría Pública en la Región Metropolitana. En ese momento el subsecretario de Justicia era Jaime Arellano, quien entre 1997 y 1998 había sido director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. La Defensoría Pública estaba en manos del socialista Rodrigo Quintana, cercano aliado de Soledad Alvear, quien recién había nombrado al desprestigiado ex alcalde Héctor Pinto (DC), como defensor público en Valparaíso.

Otro ganador en aquella licitación fue la Sociedad de Asesoría Jurídica Decap y Vallejos Ltda., propiedad en un 50% del abogado Mauricio Decap Fernández, quien trabajaba desde 1992 en el Ministerio de Justicia y a quien Soledad Alvear había incluido en 1998 como asesor en la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal.

La sociedad del abogado Decap, que en ese instante era asesor del ministro de Justicia, Luis Bates, se adjudicó 3.546 causas penales, equivalentes a unos 300 millones de pesos.

La diputada Marcela Cubillos (UDI) señaló en esa oportunidad que “acá todos los involucrados han sido, hasta el día antes de asumir la Defensoría Nacional, asesores de Soledad Alvear o de Gutenberg Martínez”.

La denuncia señalaba que 123 sociedades jurídicas postularon a ese concurso para proveer los cargos de defensores públicos en Santiago. Pero sólo dos firmas de abogados concentraron el 80% de los puestos: la Sociedad de Defensores Penales Metropolitanos y la Sociedad Defensa Jurídica S.A., ligada a la Universidad Miguel de Cervantes, de Gutenberg Martínez.

CORRUPTOS Y CORRUPTORES

El diputado Felipe Ward (UDI), quien destapó el pago de honorarios a través de Gendarmería entre 1990 y 2006, pidió información sobre eventuales pagos realizados por el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Registro Civil y el Servicio Médico Legal (SML). El parlamentario cree que varios nombres que aparecen en la nómina de Gendarmería se repetirán en otras reparticiones dependientes del Ministerio de Justicia.

En otra arista de estos escandalillos la jueza Gloria Ana Chevesich condenó a 541 días al ex coordinador de Desarrollo y Gestión de Proyecto de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Julio Toro, por exacción ilegal de 50 millones de pesos a Perfecto Segura, dueño de la empresa española Cygsa, contratista del MOP.

Toro exigió a Cygsa que pagara los honorarios de once funcionarios del MOP. El español Segura declaró a Chevesich que accedió al pago porque se lo solicitaba una autoridad y consideró que no podía rehusarse. Además, dijo que sintió que la exigencia se le planteó porque tenía la calidad de emigrante “pensando que aparentemente así se obraba en este país, esto es, que la autoridad abusaba de su poder”.

Los 50 millones fueron utilizados para pagar sobresueldos a once funcionarios, entre ellos, Enrique París, ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos, a quien le cancelaron casi 8 millones de pesos.

En su fallo de 107 páginas, la jueza Chevesich se refirió a una serie de correos electrónicos enviados al ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, y de éste a otros funcionarios. Grafican la crisis presupuestaria y financiera de la Coordinación General de Concesiones en los años 1999 y 2000, lo que motivó a las autoridades de la época a impartir instrucciones para paliar esa situación, pero que no se concretaron según Chevesich.

“Estamos en problemas... ¿Te imaginas si esta lista (nombres de los funcionarios que recibían altas remuneraciones) cae en manos de Pérez y Pérez (Lily Pérez, de RN, y el senador Víctor Pérez, de la UDI, N. de PF) y de los amigos DC?”, preguntaba Ricardo Badilla, entonces coordinador general de concesiones, en uno de los correos dirigidos a Cruz.

“La Administración Pública se protege en cuanto sirve en forma concreta a unos intereses generales, no a los intereses sectoriales de un grupo de gobierno, o de un partido político, sino a los de todos los ciudadanos”, señaló la ministra Chevesich en su fallo. Agrega que la corrupción “constituye un nocivo entorpecimiento en el accionar del aparato estatal que socava las bases de toda sociedad democrática, pues los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones públicas”. Añade que si la corrupción se implanta en un organismo, “no es sólo porque hay un funcionario o agente público corrompido, sino que, necesariamente, porque hay un particular corrupto”.

En otro correo incautado por Chevesich, el entonces ministro Carlos Cruz pide a una funcionaria que contrate a “un señor Molina” (hermano de Germán Molina, PPD, ex ministro de Transportes y en la época coordinador general de Concesiones). “Creo que siempre hay cosas que hacer que no resultan del todo gratas, pero hay que mirarlas como una inversión”, sostiene el ex ministro en su mensaje electrónico.

PREGUNTAS QUE QUEMAN

Para despejar cualquier duda sobre los pagos realizados por Gendarmería y otras entidades públicas a funcionarios del gobierno que laboran a contrata o honorarios, sería útil conocer los trabajos que esas personas realizan. Parece extraño, por decir lo menos, que importantes funcionarios de ministerios y otras reparticiones públicas tengan dos, tres, cuatro o más ingresos simultáneos que provienen del Estado.

Un jefe de gabinete no gana menos de 1 millón y medio de pesos mensuales y en muchos casos sus jefes les suplementan los sueldos con “pitutos” que nadie sabe a qué horas realizan.

Existen cerca de 90 mil funcionarios que trabajan a contrata y honorarios en la Administración Pública. La planta funcionaria fue amarrada por la dictadura militar y los gobiernos de la Concertación han preferido infringir las leyes laborales antes que hacer frente al problema real.

Son ya demasiadas las irregularidades y escándalos que se han conocido en los últimos años. Si se desea frenar la corrupción antes que sea demasiado tarde, se debe proceder con urgencia de cirujano. Lo ocurrido en México, Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, por citar algunos países donde huele a podredumbre, son ejemplos que no se deben imitar

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